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Un poder judicial politizado podría favorecer cada vez más “la administración de decisiones judiciales”, especialmente en áreas relacionadas con disputas regulatorias, contratos gubernamentales o industrias políticamente sensibles. El entorno empresarial “podría empeorar gradualmente”
Las elecciones del 1 de junio derivadas de la reforma al Poder Judicial en México el año pasado han traídos nuevas incógnitas a inversionistas y empresarios, con implicaciones de largo plazo aún inciertas que tensan el clima de inversión, dijo el martes el banco de inversión suizo UBS.
Los mercados financieros hasta ahora, en gran medida, aseveró la entidad, han restado importancia a los resultados de una elección inédita, “probablemente reflejando las expectativas generadas por la reforma constitucional del año pasado”, cuando la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el tipo de cambio reaccionaron con pérdidas.
“Un poder judicial percibido como partidista podría influir en los fallos, especialmente en sectores políticamente sensibles o en disputas que involucran a actores estatales.
“Esto añade otra capa de imprevisibilidad legal en un entorno de Estado de derecho ya de por sí frágil”, alertaron Alejo Czerwonko, director de inversiones de mercados emergentes para América de UBS Financial Services, y Gabriela Soni, analista certificada y jefa de estrategias de inversión de UBS Asesores México.
Un poder judicial politizado podría favorecer cada vez más “la administración de decisiones judiciales”, especialmente en áreas relacionadas con disputas regulatorias, contratos gubernamentales o industrias políticamente sensibles. El entorno empresarial “podría empeorar gradualmente”.
El país celebró sus primeras elecciones judiciales populares en un momento histórico, con profundas implicaciones para el Estado de derecho, la integridad institucional y la confianza de los inversionistas.
Antes de esto, la reforma aprobada en el Congreso con dominio del partido gobernante transformó gran parte de la estructura del Poder Judicial Federal con elecciones mediante el voto popular para designar nueve magistrados de la Suprema Corte, cinco magistrados del nuevo Tribunal Disciplinario, y a la mitad de los jueces federales. Los puestos restantes serán elegidos en el 2027.
La participación electoral de principios de junio fue de tan solo el 13% del padrón electoral debido principalmente a la escasa comprensión pública del proceso, la complejidad de las elecciones y la desinformación. Sorprendentemente, el 23% de las papeletas fueron nulas o se dejaron en blanco, superando con creces el nivel de rechazo manifestado por esta vía en elecciones federales previas.
Agobios
El resultado de la elección judicial benefició claramente al partido gobernante, que ahora tiene influencia en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, refirieron los estrategas en su escrito.
“Con una participación limitada de la sociedad civil y sin una estrategia unificada de (los partidos de) oposición, el proceso ha inclinado a México aún más hacia un control centralizado”.
UBS señala que un resultado destacado fue la elección de Hugo Aguilar como presidente del Tribunal Supremo. Si bien su trayectoria como activista por los derechos indígenas marca un hito simbólico, “su falta de experiencia judicial plantea interrogantes sobre la independencia y la dirección de la Corte”.
“Aún más preocupante para los analistas legales es la creación del Tribunal Disciplinario Judicial. Si bien formalmente independiente, el organismo posee amplios poderes para sancionar y destituir a jueces, y sus vínculos políticos han generado temores de que se convierta en una herramienta de control en lugar de rendición de cuentas”, anotan.
Resiliencia en tipo de cambio
En una entrega anterior del 16 de junio pasado, los estrategas de UBS habían hecho hincapié en el punto de inflexión a causa de la elección popular para conformar el Poder Judicial. A la luz de los resultados del proceso electoral, se reforzó “el dominio político del partido gobernante”, lo que da paso a interrogantes cruciales sobre el futuro del sistema de pesos y contrapesos.
Si bien es improbable que se produzcan interrupciones inmediatas en el plano corporativo, el entorno empresarial podría empeorar gradualmente. El debilitamiento institucional suele reducir la confianza de los inversionistas, especialmente cuando los marcos legales son frágiles, además, la imprevisibilidad y la preocupación por la resolución de disputas pueden desalentar nuevas inversiones.
Ejemplificaron que esto puede reflejarse “ya en los datos”: La inversión fija bruta se contrajo un 4.7% a tasa anual en marzo, su séptimo descenso mensual consecutivo.
Los estrategas indicaron que si bien las grandes multinacionales pueden recurrir al arbitraje internacional para gestionar el riesgo, las empresas nacionales más pequeñas, sin acceso a los canales legales globales, se enfrentarán a una mayor incertidumbre.
En compensación, Czerwonko y Soni, junto con la analista Laura Assis, aseveraron en esa fecha que a pesar de los riesgos institucionales, la demografía de México, su ubicación estratégica, la integración de sus cadenas de suministros y la estabilidad macroeconómica siguen ofreciendo oportunidades para los inversionistas.
“Esperamos que el peso mexicano y la renta variable local se mantengan relativamente resilientes, incluso en un contexto de volatilidad a corto plazo”, mencionaron.
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